En torno al Plan de Acción en Salud Mental ha habido buenas y malas noticias. La buena noticia era el hecho de que el Ministerio de Sanidad consideraba necesario un plan; la mala, que la propuesta que se llevó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 14 de febrero adolecía de numerosas cuestiones que consideramos fundamentales en un plan serio y basado en la evidencia científica: no hablaba de “trastornos mentales graves“ sino que exclusivamente hacía referencia a “problemas de salud mental”; no incluía la aproximación biopsicosocial, centrándose únicamente en los aspectos sociales; no preveía un aumento de los recursos humanos asistenciales, algo clave para la atención de la demanda creciente; y hablaba de deprescripción de psicofármacos en general, con lo que esto supone de estigmatización de los tratamientos farmacológicos y de poner en peligro la adherencia a los mismos de las personas con trastorno mental que los requieren.
Junto a todo ello, la primera propuesta del plan se olvidaba de la atención a las personas con trastorno mental que están en las prisiones o de la atención a las personas con patología dual y adicciones. Tampoco contemplaba el aumento de programas de intervención precoz y de psicoterapia intensiva, necesarios para el tratamiento comunitario de los niños y adolescentes, y parecía dejar abierta la puerta de la práctica de la psicoterapia por personas ajenas a la psicología o a la psiquiatría. Y todo ello sin especificar cual era la financiación con la que se contaba.
Además, y no es tema menor, cuestionaba que la Psiquiatría respetara los derechos humanos, obviando que nuestra práctica clínica es rigurosa en la garantía de la dignidad humana y las condiciones para el mejor tratamiento de aquellos que lo necesitan, no sólo porque así lo dispone la legislación, sino también porque los psiquiatras, como médicos que somos, nos debemos al cuidado de nuestros pacientes. En un tema tan grave como este que se plantea, tengo que ser muy firme: si se tiene constancia de que, en algún servicio, centro, etc., no se respetan los derechos humanos es obligación de todos ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, en lugar de expandir un halo de sospecha sobre los profesionales de una especialidad médica cuyo programa formativo, criterios de evaluación de los especialistas en formación y requisitos de acreditación de las Unidades Docentes son aprobados por el Ministerio de Sanidad y publicados en el Boletín Oficial del Estado, al igual que el del resto de especialidades.
En este primer intento de plan, el papel de la SEPSM fue hacer una serie de alegaciones a un borrador que nos hizo llegar el Ministerio y del que no tuvimos más noticias hasta un día antes del Consejo Interterritorial del 14 de febrero, cuando fuentes ajenas al Ministerio nos envió el texto definitivo. Fue entonces, al comprobar que nuestras alegaciones no se habían tenido en cuenta, cuando la Sociedad decidió desvincularse del plan, contando en esta decisión con el apoyo de más de una veintena de sociedades autonómicas y monográficas de psiquiatría.
Tengo que decir que, tras este fracaso, la comunicación con el Comisionado de Salud Mental y, concretamente, con la Comisionada, Belén González, ha sido mucho más fluida y fructífera, poniéndose de manifiesto que el objetivo de todos debe ser cooperar para desarrollar el mejor plan posible para las personas que sufren un problema de salud mental. Varios encuentros bilaterales y reuniones del Comité Técnico después se han logrado algunos cambios significativos en el texto:
- Que el enfoque del Plan de Salud Mental esté basado en el modelo biopsicosocial.
- Referirse a “seguir avanzando” y no a “implementar” un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos, ya que la práctica de la Psiquiatría ya respeta los derechos humanos y está regulada.
- Comprometerse a hacer grupos de trabajo para fomentar el incremento, en las CCAA, de unidades docentes acreditadas, así como del número de plazas acreditadas para aumentar la ratio de psiquiatras y psicólogos clínicos.
- Incluir “uso adecuado de psicofármacos y de tratamientos psicoterapéuticos”, limitando el término “deprescripción” a benzodiacepinas y antidepresivos, siguiendo las evidencias científicas en los casos en los que esté indicado y en el malestar de la vida cotidiana.
- Incluir el término de “trastornos mentales y trastorno mental grave” en la mayoría de los puntos, frente al término de “problemas de salud mental”, demasiado genérico.
- Mejora del indicador en alternativas a la hospitalización en población infanto-juvenil, incluyendo programas ambulatorios intensivos y otros recursos.
Como resultado, el documento que finalmente aprobaron las comunidades autónomas el pasado 4 de abril es más técnico, basado en la evidencia científica y menos ideológico, que era lo que perseguíamos. Y, gracias a ello, no tenemos un plan perfecto, pero tenemos un plan mejor. Ya solo falta, que la dotación presupuestaria inicial de 39 millones de euros para el despliegue del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 sea solo eso: inicial. Porque claramente es insuficiente para poner en marcha todas las medidas que nuestro país necesita para subsanar las carencias en la atención de los trastornos mentales. Confío también en que, siendo como es la salud un tema prioritario para todos, las CC.AA. redoblen igualmente su apuesta económica.